El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un auto dictado este lunes, Goyena explica que es "necesario" contrastar los hechos recabados por él con "la versión" del jefe del Ministerio Público, pero el TSJM no tiene competencia para investigarle dada su condición de aforado, por lo que el magistrado pide que se encargue de ello la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo.
La investigación, asumida hasta ahora por Goyena, surgió a raíz de una querella interpuesta por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El empresario está siendo investigado por presunto fraude fiscal y falsedad documental, y en el marco de esa causa salieron a la luz informaciones sobre un posible pacto que la Fiscalía habría ofrecido a la defensa de González Amador para eximir a su cliente de una eventual pena de prisión.
El 14 de marzo pasado, la Fiscalía Provincial de Madrid publicó una nota de prensa para desmentir aquellas informaciones. En ella, la institución aseguraba que fue la defensa del novio de Ayuso la que ofreció el pacto en primer lugar. "Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública", explicaba aquella nota de prensa que el propio fiscal general ordenó publicar.
La pareja de Ayuso denunció ante el TSJM que la comunicación había supuesto un presunto delito de revelación de secretos y el tribunal admitió la querella a trámite. Ahora el juez da por constatado que la nota informativa "contiene una exhaustiva, minuciosa y detallada narración" de los hechos, con "datos y circunstancias relativas a las diligencias de investigación". El fiscal general del Estado mandó hace semanas un escrito al juez asumiendo que él mismo había dado la orden de difundir el escrito y alegando que no había delito en la nota, que solo buscaba desmentir informaciones falsas.
Pero Goyena considera que "la difusión de dicha información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal". "Supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho a la defensa". Y por tanto ha tomado una decisión que no tiene precedentes en la historia de nuestra actual democracia: solicitar que se investigue al máximo representante del Ministerio Público. El juez, aparentemente debido a un error, alude en su escrito al artículo 419 del Código Penal -referido al cohecho- y no al 417, que castiga la revelación de secretos.
Por otro lado, explica que el fiscal Julián Salto, uno de los firmantes de la nota, tuvo un papel "meramente instrumental y sin relevancia penal". Salto estaba investigado en la causa que dirigía Goyena, pero el instructor ha acordado también este lunes el sobreseimiento libre de la investigación sobre Salto. "No así respecto de la otra querellada, [la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid] María Pilar Rodríguez", que también firmó la nota. El juez propone que la Sala Segunda investigue también el papel de Rodríguez, dado que "en este momento" su participación en los hechos "no ha quedado nítidamente establecida".
Una decisión esperada
La exposición razonada que firma Goyena este lunes no es en absoluto un movimiento inesperado. Desde que el fiscal general asumió en primera persona la responsabilidad tras la difusión de la nota investigada, la petición del juez al Supremo era cuestión de tiempo. De hecho, la Fiscalía ya había previsto esta situación y descarta desde hace semanas que el fiscal vaya a dimitir por mucho que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decida imputarlo. Tras conocer el auto, el fiscal general ha reiterado su intención de mantenerse en el cargo.
Idéntica seguridad mostraron en las últimas semanas desde el Gobierno, que decidió renovar a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía el último diciembre. el fiscal general parece contar con un apoyo inquebrantable en el palacio de La Moncloa, al menos hasta ahora. Sin embargo, la figura del fiscal general del Estado está cada día más cuestionada debido a las múltiples controversias que ha generado desde que el Tribunal Supremo consideró el año pasado que había cometido una "desviación de poder".
El tribunal hacía referencia al ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala togada, el máximo rango del Ministerio Público. García Ortiz propuso a Delgado para el cargo después de que ella lo nombrara como su número dos cuando era fiscal general. Posteriormente propuso que Delgado pasara a ser fiscal de Sala de Memoria Democrática, y ambas designaciones han sido anuladas.
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